La desbordante riqueza material de la República Democrática del Congo (RDC) ha despertado la ambición y la codicia de poderosos grupos de interés locales y extranjeros convirtiendo la vida de las poblaciones locales en un auténtico calvario, en una acumulación de sufrimientos sin fin que dura años y años ante el silencio de la llamada “comunidad internacional”. Seguimos el relato del P. Loris.
En lo que concierne el comercio ilegal del oro, en el año 2013, el 98 % de la producción artesanal del oro fue exportado ilegalmente del país, por un valor de entre 383 y 409 millones de dólares, con una pérdida de ingresos fiscales para el Estado congoleño de entre 7,7 y 8,2 millones de dólares. El oro es exportado principalmente hacia Burundi, Uganda y Tanzania, para ser luego enviado a Dubai, uno de los principales centros mundiales del comercio del oro.
Los diversos grupos rebeldes así como los grupos armados nacionales y extranjeros son culpables de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de graves violaciones de los derechos humanos, como violencias sexuales, matanzas de civiles, reclutamiento de niños soldados y quema de casas y aldeas, obligando a las poblaciones locales a huir.
Programas de desarme
Para poner fin a los grupos rebeldes y a los grupos armados nacionales, el gobierno congoleño ha tenido que recurrir a negociaciones que normalmente terminaban con acuerdos bilaterales que incluían la integración colectiva de sus tropas en el ejército nacional, su transformación en partidos políticos y la entrada de sus representantes políticos en la vida política del país. Estrategia que ha puesto de manifiesto sus trampas y limitaciones. Los diversos grupos rebeldes han aprovechado de su integración en el ejército, en la policía, en la administración y en la vida política para infiltrarse en las instituciones del país y desestabilizarlas.
La integración en el ejército es el ejemplo más significativo. Con la fuerza de las armas, los diversos grupos rebeldes imponían al Gobierno dos condiciones: reintegrar a sus soldados en el ejército con el rango militar adquirido durante la rebelión y destinarlos sólo en el Kivu, cerca de la frontera con Ruanda, de quien habrían seguido recibiendo apoyo. De esta manera, las tropas del ejército nacional destinadas en esta parte del país estaban esencialmente formadas por militares de las ex rebeliones y quedaban, de hecho, bajo el comando militar de los antiguos grupos rebeldes y en la esfera de influencia de Ruanda. Desde esta posición de fuerza, los antiguos grupos rebeldes podían pasar a una fase posterior: buscar un pretexto para acusar al gobierno de no haber respetado los acuerdos. Así empezaba otro nuevo grupo rebelde, con nombre diferente, pero creado por las mismas fuerzas militares, políticas y étnicas que el anterior y con los mismos objetivos.
Este plan de desarme ha llevado al país a una espiral de violencia (rebelión - negociaciones - acuerdos - integración - desestabilización - nueva rebelión) que ha permitido la perpetuación de los rebeldes y causado el debilitamiento progresivo de las fuerzas de seguridad (ejército, policía y servicios secretos). Una situación, por tanto, de permanente inestabilidad política.
Crisis de legitimidad
El actual presidente de la República es Joseph Kabila. Llegó a la más alta responsabilidad del Estado en 2001, tras el asesinato del presidente Laurent Désiré Kabila, su padre.
Después de una transición de cinco años, en el 2006 se organizaron las elecciones, por sufragio universal directo del Presidente de la República a doble vuelta. Fue elegido Joseph Kabila. También se organizaron elecciones, por sufragio universal directo, de los diputados nacionales y provinciales. Seguidas por las elecciones, por sufragio universal indirecto, de los senadores nacionales y gobernadores de las provincias.
En noviembre de 2011, fueron organizadas las elecciones presidenciales y legislativas. Para asegurar su reelección, el presidente Joseph Kabila obtuvo del Parlamento una enmienda constitucional que cambió las modalidades de las elecciones presidenciales: de dos vueltas a una sola. De esta manera, Joseph Kabila "ganó" las elecciones, pero la oposición y los observadores nacionales e internacionales, denunciaron numerosas irregularidades y un fraude electoral masivo. La contestación de los resultados electorales impidió que continuara el ciclo electoral para organizar las elecciones de los diputados provinciales, de los senadores, de los gobernadores de provincias y de las autoridades locales. Se abrió, pues, una crisis de legitimidad política de las instituciones de la República, ya que el Presidente de la República ha sido elegido tras unas elecciones muy contestadas y los actuales diputados provinciales, senadores y gobernadores siguen ocupando sus puestos, a pesar de haber sido elegido en 2006, para un plazo de cinco años.
Según la Constitución, aprobada por referéndum en el 2005, el Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años, renovable una sola vez. El actual presidente Joseph Kabila terminará entonces su segundo y último mandato en 2016. Sin embargo, la oposición política y la sociedad civil temen que el Presidente Kabila quiera obtener otra revisión de la Constitución que le permita de permanecer en el poder más allá de 2016.
Tensión política
En los últimos meses, varios miembros de la Mayoría Presidencial han apoyado una iniciativa de este tipo, evocando la posibilidad de un referéndum popular, para cambiar algunos artículos de la Constitución, pero han topado con una fuerte resistencia popular. Sin embargo, la Mayoría Presidencial tiene otras posibilidades para llevar a cabo su proyecto.
Y en lugar de seguir el ciclo electoral previsto, con las elecciones de los diputados provinciales por sufragio directo, la elección de los senadores y de los gobernadores por sufragio indirecto y las elecciones locales, la Comisión Electoral ha modificado el orden cronológico, decidiendo organizar primero las elecciones locales, lo que podría retrasar todas las otras elecciones, incluidas las presidenciales de 2016.
Ya en enero de 2014, la Comisión Electoral había propuesto al Parlamento, oficialmente por motivos financieros, que se pronunciara sobre la posibilidad de cambiar las modalidades de las elecciones de los diputados provinciales, es decir, pasar del sufragio directo, según lo dispuesto por la Constitución, al sufragio indirecto, lo que implica una modificación de la misma Constitución. La oposición política teme que la Mayoría Presidencial quiera aprovechar esta enmienda constitucional para cambiar también el artículo de la Constitución que limita los mandatos presidenciales a dos. Ha pasado un año y el Parlamento no se ha pronunciado todavía sobre esta cuestión.
Otra posibilidad de la que dispone la Mayoría Presidencial para mantener al actual Presidente en el poder es la realización de un censo general de la población para identificar los adultos con derecho al voto. Dada la gran extensión del país y la falta de infraestructuras, esto puede llevar dos o tres años, lo que impediría la organización de las elecciones presidenciales en el plazo constitucional de 2016. Entre tanto la tensión política sigue aumentando.
Propuestas
Para remediar esta situación de inestabilidad política que podría llevar a un levantamiento popular, y para permitir una buena organización de elecciones transparentes y creíbles, la Sociedad Civil propone que todas las partes involucradas en el proceso electoral se reúnan, para reafirmar el valor del respeto a la Constitución, sin que pueda ser manipulada o cambiada según los intereses personales o de grupos particulares, para identificar cuáles son las elecciones más importantes y que favorezcan la paz y la estabilidad en el país y, en última instancia, encontrar un consenso sobre una agenda global que incluya todas las elecciones, también las presidenciales constitucionalmente previstas para 2016.
P. Loris Cattani