Desde hace años, también durante la época colonial, se han venido realizando transacciones de tierras y fincas en diferentes rincones del planeta. Sin embargo, más recientemente, se escucha el uso del término acaparamiento de tierras (AT) como un fenómeno nuevo y, al mismo tiempo, contemplado con preocupación por amplios sectores de la sociedad civil.
Acaparamiento de tierras: ¿en qué consiste?
Conviene al inicio definir el concepto y distinguirlo de una tradicional compra de terrenos. En la conferencia internacional de Tirana sobre acceso a la tierra, celebrada en 2011, se acuñó el vocablo AT como el referido a operaciones de adquisición de tierras “en las que se produce una violación de los derechos humanos, en particular los de las mujeres, no se da un consentimiento libre, previo e informado por parte de la población afectada, o en las que no se consideran los impactos sociales, económicos y medio ambientales, y que están, en cambio, basadas en contratos faltos de transparencia, sin supervisión independiente y en los que se produce una ausencia de planificación y participación democráticas.”
El Acaparamiento de Tierras implica, por tanto, una transacción que viola los derechos humanos, sobre todo de los poseedores o cultivadores ancestrales de las tierras. Sin embargo, se considera como negocio de venta de tierras en general, aquellos contratos transaccionales cuya superficie de suelo implicada supera las 200 hectáreas según la distinción que señala el informe: ”El gran atraco de la tierra”, elaborado en mayo de 2014 por la organización Actionaid. Las operaciones de AT se realizan, por tanto, sin suficiente transparencia y conocimiento de los afectados o bajo acuerdos llevados directamente entre gobiernos o jefes locales y los inversores.
Las poblaciones campesinas se ven desplazadas de sus tierras, de manera involuntaria, sin una adecuada compensación o cuando esta existe, en numerosas ocasiones, se pierde en los bolsillos de algún político local.
Zonas, actores y dimensión del fenómeno
El detallado estudio sobre transacciones de tierras llevado a cabo por iniciativa del observatorio global, Land Matrix, identifica más de 1.300 negocios de tierras en general que abarcan una superficie superior a las 62 millones de hectáreas del planeta. Además, de acuerdo con el citado informe de Actionaid, el 41% de los negocios de tierras tienen lugar en África, el 32% en el Sudeste asiático y Polinesia, y el 19% corresponden al continente americano.
Es lógico que África sea el continente más afectado por el AT ya que alberga el 65% de las tierras cultivables del planeta, como afirma María Rodríguez, en el portal de noticias Guin Guin Bali. Los principales países del continente que han visto cómo sus tierras han pasado a manos extranjeras son Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Mozambique, Liberia, Sudán, Sierra Leona, Etiopía, Madagascar… Los actores implicados en la adquisición son generalmente corporaciones, inversores financieros y gobiernos de países como Estados Unidos o de la Unión Europea (UE), naciones del Golfo Pérsico y otras emergentes como China, Brasil, Sudáfrica o India, así como economías asiáticas más pujantes como Malasia o Singapur. Dichos inversores, a menudo, se ven beneficiados por medidas políticas tomadas por los gobiernos africanos, presionados estos por instituciones como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo, según denuncia la ONG OXFAM.
Es difícil, por otra parte, estimar la superficie exacta de tierras afectadas, pues muchas de las operaciones de Acaparamiento de Tierras no se registran, pero algunas fuentes como FIAN -una organización pionera en la defensa del derecho de alimentación- consideran que unos 70 millones de hectáreas se han visto involucradas en este fenómeno durante los últimos años. Otros, como la ONG OXFAM, elevan la cifra a más de 200 millones de hectáreas.
Según el periódico The Guardian, la tierra acaparada y utilizada para la exportación o la producción de biocombustibles, podría alimentar a 550 millones de personas precisamente en países donde existe un elevado déficit alimentario en la población local.
Causas del AT
Existen diversas causas explicativas sobre la aparición o extensión del fenómeno de dicho acaparamiento. En 2008, dos acontecimientos concurren casi simultáneamente. En primer lugar, en el verano de dicho año, se produce un alza de los precios agrícolas debido a una serie de incendios que tienen lugar en Rusia y que destruyen gran parte de la cosecha de trigo de este principal productor mundial y, en otro escenario, los países asiáticos, suministradores globales de arroz, impiden la salida de sus excedentes al mercado. Estos hechos provocan una ola de temor en diversos gobiernos, sobre todo los de las naciones del Golfo Pérsico. A estos Estados, entre otros, deficitarios de productos agrícolas básicos, les preocupa un futuro desabastecimiento de sus graneros y ello les hace lanzarse a la adquisición de tierras en el exterior que les garanticen la seguridad alimentaria de sus poblaciones.
Además a todo ello hay que añadir la crisis económica mundial de ese año que hace que numerosos inversores abandonen operaciones con productos financieros y se lancen a la especulación con los agrícolas, lo cual también provoca una elevación de los precios. Hay que sumar también el cambio en la dieta, hacia una más calórica y que exige por tanto mayores producciones de grano, por parte de las poblaciones de países emergentes como China o India. Las naciones occidentales deciden, además, reducir su dependencia energética de los hidrocarburos tradicionales a través de un aumento en la producción de biocombustibles. Para ello se emplea maíz, azúcar o jatropha, por citar algunos cultivos, y se necesitan más tierras; generalmente las de mejor calidad, que se buscan en países del Sur, utilizadas hasta entonces para la producción de alimentos. En este sentido, el pasado 24 de febrero, el Parlamento Europeo votó limitar, para 2020, a un 6%, el porcentaje máximo de biodiesel respecto al total de la energía consumida en la UE. En la actualidad, dicha tasa es del 4,7% y las cosechas empleadas, para producirla podrían alimentar a 100 millones de personas. Por ello, la decisión del Parlamento Europeo implicará un aumento de la superficie de cultivos destinados a producir biocombustibles.
Respuestas institucionales y de la sociedad civil africana
El debate sobre el AT está centrándose cada vez más en la necesidad, por parte de los gobiernos africanos, de desarrollar políticas agrarias que protejan los intereses de sus ciudadanos, sobre todo si se considera que la mayor parte de sus poblaciones viven de la agricultura. En ese sentido, las “Directrices Voluntarias sobre la tenencia de la tierra” elaboradas en 2012 por la FAO y suscritas por varias naciones africanas, y los “Principios Guía para las grandes inversiones en tierra en África” aprobados en la Conferencia de Addis Abeba sobre política agraria, del pasado noviembre son ejemplos de un interés creciente por crear mecanismos para preservar el bien de la tierra y el modo de subsistencia de millones de pequeños agricultores africanos. Son instrumentos tachados a menudo de herramientas ineficaces por su carácter recomendatorio; buenos principios que adolecen de una implementación efectiva. Por ejemplo, solo 8 de las 40 naciones africanas que aceptaron, en 2003, dedicar el 10% de sus presupuestos anuales a la agricultura han cumplido dicho compromiso.
En cambio, la Nueva Alianza (NA), una iniciativa lanzada en 2012 en la cumbre del G8 celebrada en Maryland (Estados Unidos), y a la que ya se han sumado 10 naciones africanas (Etiopía, Ghana, Mozambique…, entre otras), así como importantes empresas de semillas y productos agrícolas empuja a los gobiernos africanos, a través de medidas concretas, al desarrollo de una agricultura industrial extensiva en el continente. Diversas organizaciones internacionales como GRAIN o Vía Campesina, entre otras, denuncian dichas prácticas que favorecen el AT y que supondrán la pérdida de millones de puestos de trabajo para los agricultores familiares y campesinos africanos, en beneficio de las grandes corporaciones.
Son precisamente las organizaciones agrarias las que se han convertido en voces de las comunidades africanas cada vez más vivas en la defensa de sus tierras y de los intereses de los campesinos. A pesar de que los gobiernos nacionales o autoridades locales tratan de acallarlas y de que, a menudo, ellos mismos entregan los derechos ancestrales de sus gentes a los inversores privados, las voces del campesinado son expresiones de la esperanza de un continente que se resiste a perder su bien más preciado, la tierra.
Rafael ARMADA, misionero comboniano